Valijas libertarias: las sombras que no despegan

El 26 de febrero aterrizó en Aeroparque un avión privado con una sola pasajera: Laura Belén Arrieta, asistente de Leonardo Scatturice, empresario vinculado a Flybondi. En la bodega, diez valijas. Sin acta de control. Sin declaración de contenido. Sin revisión documentada. A cinco meses del episodio, la causa judicial sigue activa, envuelta en un clima de discreción oficial y señales políticas que incomodan al propio Javier Milei. Las valijas —o bultos, según la versión presidencial— se convirtieron en un símbolo incómodo de las zonas grises de poder que el discurso libertario prometió erradicar.

El núcleo del escándalo no está solo en el equipaje, sino en el circuito por el que ese avión y sus pasajeros sortearon controles. Según el dictamen de los fiscales Claudio Naval Rial y Sergio Rodríguez, la tripulación atravesó un recorrido aduanero diferente al del resto de los vuelos internacionales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó movimientos irregulares, gestos cómplices entre agentes y valijas que no fueron registradas como correspondía. Pero lo más llamativo: no existe un acta oficial que describa lo que llevaban. A diferencia del célebre caso de Antonini Wilson, en este caso el contenido de las valijas es, literalmente, un misterio.

Privilegios, opacidad y silencios incómodos

En los últimos días, uno de los pilotos se presentó ante la Justicia para declarar que parte del equipaje era suyo: ropa, una guitarra, una impresora, una valija para su hijo. Pero el detalle se conoció cinco meses después del arribo. ¿Por qué tardó tanto en hablar? ¿Quién autorizó que el avión tuviera un control diferenciado? ¿Qué llevaba realmente la asistente de un empresario que acaba de adquirir una aerolínea low cost en plena política de cielos abiertos?

La dificultad para avanzar en la causa radica en que la Justicia fue notificada varios días después del aterrizaje. Es decir, cuando buena parte de la prueba ya se había disipado. Ahora se analizan los registros fílmicos, los movimientos de celulares y los testimonios de quienes estuvieron en la pista. Lo que buscan no es solo saber qué había en las valijas, sino quién garantizó que pasaran como si no existieran.

La respuesta oficial del gobierno fue, cuanto menos, defensiva. El presidente intentó minimizar el episodio con una frase que sonó más a desafío que a explicación: “No eran valijas, eran bultos”. Luego retuiteó una entrevista con un funcionario aduanero que relativizaba el tema, bajo la consigna “desenmascarando mentirosos”. Pero el tono reactivo no disipó las dudas. Al contrario: reforzó la sensación de que algo se intenta tapar. Si todo está en regla, ¿por qué tanta incomodidad?

Un caso que erosiona el relato libertario

La causa de las valijas libertarias es, políticamente, una herida abierta. Porque expone una contradicción que Milei no logra resolver: el discurso contra la casta, contra los privilegios y contra el “Estado cómplice” se derrumba cuando los protagonistas del escándalo son parte del entorno privado y político del oficialismo. No hay corrupción tradicional, pero hay algo peor: discrecionalidad, trato diferencial y opacidad en el manejo de áreas sensibles como Aduana y PSA.

Además, el caso pone en tensión otro punto débil: la relación entre empresarios amigos del poder y decisiones políticas que los benefician. En este caso, la compra de una aerolínea y la laxitud aduanera parecen darse la mano. Aunque no haya delito comprobado, la escena es políticamente tóxica. La idea de una “nueva casta” operando con los mismos privilegios que la vieja.

En un gobierno que hace de la pureza moral su bandera, las valijas libertarias son un problema. No solo porque huelen a zona liberada, sino porque desnudan la distancia entre el relato y los hechos. Mientras la Justicia intenta reconstruir lo que ocurrió aquel 26 de febrero, el oficialismo prefiere la negación, el sarcasmo y la guerra discursiva. Pero hay algo que no puede despegar: la sombra de diez valijas que entraron al país sin control, bajo un poder que prometió terminar con los privilegios. Y que, cinco meses después, aún no puede explicar lo que ocurrió.