Policía acusado por matar a dos jóvenes en intento de robo

El 21 de febrero de 2025, el cruce de Godoy Cruz y Estrada, en Banfield, fue escenario de una escena brutal y cotidiana a la vez. Un repartidor en moto llega a entregar un pedido. Un oficial, va solo, sin uniforme. Lleva encima lo indispensable: casco, celular, mochila. Y un arma reglamentaria. Porque además de repartir, es policía.

Cuando baja la marcha, un pibe le apunta con lo que parece una pistola. Es una réplica, pero no hay tiempo de saberlo. Es el instante donde la vida se vuelve un margen. Un segundo donde se elige entre morir o disparar. Y él eligió disparar.

El efectivo se llama Thomas Valentín Zalazar. Estaba fuera de servicio, de civil, trabajando para una aplicación. Cuando vio que intentaban robarle la moto —y probablemente algo más— se replegó unos metros, dio la voz de alto y accionó su arma. Uno de los adolescentes murió en el acto, otro falleció más tarde en el hospital. Eran Samir Sebastián Carballo, de 14 años, y Federico Naim Jalil, de 18.

Ahora, Zalazar está imputado. El fiscal Jorge Grieco, a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, cambió la carátula inicial de “legítima defensa” por la de “homicidio con exceso en la legítima defensa”. Es decir: para la Justicia, se defendió, pero se pasó.

El juicio invisible

En las calles del conurbano, donde los márgenes no son una metáfora sino el territorio mismo, la línea entre víctima y victimario a menudo es difusa. Zalazar, como tantos otros, dobletea para llegar a fin de mes. Ser policía ya no garantiza estabilidad económica, y las apps se convirtieron en el segundo turno de miles de trabajadores de uniforme.

Esa noche no patrullaba, pero tampoco dejó de ser lo que es. Reaccionó como un hombre entrenado para responder al peligro. En segundos, aplicó el protocolo de supervivencia. No sabía que lo que parecía un arma era de utilería. Tampoco sabía si lo estaban esperando o si era una emboscada.

Los familiares de Jalil aseguran que el joven no participaba del robo y que solo pasaba por ahí, rumbo a un comercio cercano. La Justicia deberá determinar si esa versión es compatible con lo que reconstruyó la fiscalía. Lo cierto es que ambos recibieron disparos: uno en el tórax, otro en la cabeza.

El silencio del deber

El caso interpela, duele, divide. Porque no hay alegría en ningún bando. Dos familias lloran a sus hijos. Un efectivo enfrenta una causa penal por haber elegido su vida. Y detrás, el interrogante: ¿hasta qué punto alguien puede defenderse sin convertirse en culpable?

Zalazar sigue en libertad mientras avanza la investigación. No hubo fuga, no hubo ocultamiento. Solo una reacción. Los que conocen la calle saben que esos segundos no admiten pausas ni debates morales. Solo se actúa. Es una escena sin guion, donde muchas veces la víctima original termina explicando por qué quiso vivir.

El barrio ya no habla del hecho. Banfield sigue con su ritmo, como si nada. Pero para los involucrados, la historia no terminó. La Justicia intentará desentrañar lo que pasó en segundos, con pericias, declaraciones y cámaras de seguridad. Pero lo esencial —el miedo, la pulsión, la decisión— eso no se mide.

En un país donde se ajusta a los de abajo y se le exige calma a quien pone el cuerpo, la legítima defensa se vuelve un laberinto legal y humano. Y cada caso como este nos recuerda que vivir, a veces, también se paga caro.