Red de pedofilia en el Conurbano Sur

Cayó un depredador sexual en Lomas tras alerta del FBI

La casa parecía una más en la calle Amberes, en Villa Centenario. Cortinas cerradas, la reja floja y el silencio denso del conurbano un lunes por la mañana. Pero adentro, el infierno tenía nombre y rostro. Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de los cinco hijos de su pareja. Las víctimas, todas menores, tienen entre 2 y 11 años. Y no fue una denuncia local la que activó la alarma: fue una alerta internacional emitida por el FBI y la Interpol.

La investigación comenzó en junio, cuando las agencias estadounidenses detectaron material explícito en la deep web: imágenes y videos que mostraban abuso sexual infantil, con indicios de origen argentino. A través del rastreo digital y el trabajo conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), la traza condujo hasta una dirección en Lomas de Zamora. La División de Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA trabajó en silencio. Lo que encontraron fue devastador.

El operativo fue encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Pornografía Infantil, Grooming y Trata de Personas (UFI 9) del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Néstor Rodrigo Martínez Wakun. Con orden del juez de Garantías N°3, Gustavo Gaig, se allanó el domicilio y se detuvo al sospechoso. Los niños fueron inmediatamente rescatados y puestos bajo protección del fuero de Familia.

Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre no sólo cometía los abusos: también los grababa y los distribuía a través de canales cifrados en la red oscura. Esa acción convirtió el caso en parte de una red de tráfico de material pedófilo, motivo por el cual intervino Interpol y se amplió el alcance de la causa. La crudeza de las imágenes, la reiteración de los hechos y el vínculo de confianza que utilizó el acusado para perpetrarlos configuran un cuadro de extrema gravedad penal.

El perfil del detenido todavía no fue difundido por completo, pero se sabe que era la pareja de la madre de los niños y convivía con ellos. De momento, no trascendió si la mujer estaba al tanto de los hechos o también se encuentra bajo investigación. El juez ordenó el secuestro de dispositivos electrónicos, discos duros y cámaras que serán peritados por expertos en cibercrimen.

El fiscal Martínez Wakun imputó al sospechoso por abuso sexual agravado por el vínculo y por la edad de las víctimas, corrupción de menores y producción y distribución de pornografía infantil, delitos que contemplan penas muy elevadas. La fiscalía también evalúa sumarle la figura de trata de personas, dado el carácter sistemático de los hechos y su comercialización por medios digitales.

Desde la PFA explicaron que el seguimiento digital y la cooperación internacional fueron claves. "El crimen no tiene fronteras y este tipo de redes tampoco. Cuando se distribuye este material, se atenta contra la humanidad misma", sintetizó un investigador del caso.

La sociedad se pregunta cómo es posible que semejantes crímenes se perpetren durante tanto tiempo sin ser detectados. La respuesta, muchas veces, está en los silencios obligados por el miedo y en los dispositivos de control que los abusadores ejercen en el ámbito doméstico. Pero también, en la lentitud o ausencia de dispositivos comunitarios de protección.

Hoy, cinco chicos están a resguardo y un abusador está tras las rejas. No hay reparación posible para el daño hecho. Pero sí hay una señal: no todo queda impune, aunque a veces la justicia venga de lejos, aunque sea el FBI quien tenga que golpear la puerta primero.

En el corazón del sur del conurbano, donde la vida golpea y se sigue andando, una red de horror fue cortada. No por azar, sino por el trabajo coordinado de fiscalías, fuerzas de seguridad y organismos internacionales. Cuando la justicia llega, aunque tarde, lo hace con la urgencia de quienes no tienen tiempo para esperar: las infancias vulneradas, silenciadas, que necesitan ser oídas y protegidas.