La pulseada por el nuevo Régimen Penal Juvenil tuvo este martes una definición clave en Lomas de Zamora. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó el habeas corpus que había frenado por 60 días la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. Con la cautelar caída, quedó removido el obstáculo judicial que impedía aplicar en territorio bonaerense el esquema que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La cautelar había sido dictada por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Su planteo no discutía solamente la letra de la nueva ley: advertía que la Provincia no contaba con condiciones materiales e institucionales adecuadas para recibir adolescentes de 14 y 15 años dentro del sistema penal juvenil.
El habeas corpus buscaba evitar que la reforma comenzara a operar mientras esas condiciones no estuvieran garantizadas.
El fiscal Hernán Ceruti apeló. Y la Cámara le dio la razón.
La Cámara cambió el eje de la discusión
Los camaristas Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi consideraron inadmisible utilizar un habeas corpus para suspender durante 60 días la aplicación de una ley nacional. Para que esa herramienta proceda debe existir una amenaza determinada sobre la libertad ambulatoria o sobre las condiciones en que esa libertad será restringida. Para la fiscalía, el planteo descansaba sobre consecuencias futuras que todavía no habían sido demostradas.
La resolución desplaza así una discusión que Pascual había colocado sobre las condiciones reales de implementación hacia otra pregunta: si era jurídicamente posible frenar toda la ley por esa vía.
Eso no resuelve el problema material que había señalado la jueza. Lo que resuelve es quién podía detener la aplicación y mediante qué herramienta.
La Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, había acompañado el planteo que puso el foco sobre los derechos de los adolescentes que fueran privados de su libertad.
El fallo devuelve la pelota al terreno donde nadie puede esconderse demasiado tiempo. La Nación impulsó un régimen penal más duro para menores de edad y la Provincia deberá afrontar su aplicación con su estructura. La Justicia retiró el freno.
De la discusión jurídica a las cárceles y los institutos
La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años fue uno de los puntos más sensibles del nuevo Régimen Penal Juvenil. Su entrada en vigencia modifica el universo de adolescentes alcanzados por el sistema y obliga a mirar algo bastante menos atractivo que el discurso político sobre seguridad: dónde serán alojados, bajo qué
condiciones, con qué personal y mediante qué dispositivos de asistencia y seguimiento.
Ese era precisamente el terreno sobre el que se había construido la cautelar. Pascual entendió que aplicar la reforma sin condiciones suficientes podía comprometer derechos fundamentales. Ceruti sostuvo que un riesgo eventual no habilitaba a suspender una ley mediante habeas corpus. Navascues y Alberdi terminaron inclinando la balanza hacia esta segunda posición.
La decisión salió de Lomas de Zamora, un distrito central del Conurbano. Desde allí se resolvió una disputa cuyos efectos alcanzan a toda la Provincia.
El fallo tampoco convierte mágicamente en adecuadas las condiciones que habían sido cuestionadas. Esa discusión puede reaparecer frente a situaciones concretas, porque una cosa es determinar que una suspensión general resulta inadmisible y otra muy distinta afirmar que cualquier futura privación de libertad será ejecutada correctamente.
Ahí comienza la parte menos cómoda del asunto. Con el freno judicial levantado, las responsabilidades dejan de ser hipotéticas. Nación tiene su reforma y la Provincia deberá administrarla. Los jueces tendrán que resolver casos concretos y el sistema penal juvenil deberá absorber una población que hasta ahora quedaba fuera de este régimen.
La política consiguió durante meses discutir la edad como si bajar dos números resolviera por sí mismo la seguridad. Desde este martes la discusión cambia de escenario. Ya no alcanza con votar una ley, defenderla por televisión o cuestionarla desde un despacho: hay que aplicarla sobre adolescentes reales, en instituciones reales y con recursos reales. La Cámara de Lomas quitó finalment el freno. Ahora empieza la parte en la que el Estado tiene que demostrar que detrás de la consigna había algo más que una consigna.
