Fundición San Cayetano, una referencia de la industria pesada argentina y durante años presentada como la mayor fundición del país, entró en concurso preventivo de acreedores con un pasivo de $34.187 millones.
La planta sigue funcionando en el Parque Industrial de Burzaco, en Almirante Brown, y la empresa asegura que no habrá despidos. Pero detrás de esa continuidad aparece una señal difícil de disimular: una fábrica exportadora con pedidos y capacidad productiva, llegó a la Justicia porque el negocio industrial dejó de alcanzar para sostener su estructura financiera.
El concurso fue abierto el 24 de junio por el Juzgado Civil y Comercial N°3 de Lomas de Zamora. La compañía ubicó el comienzo de la cesación de pagos el 18 de diciembre de 2025. No está cerrada ni quebró: el concurso preventivo es el mecanismo con el que intenta ordenar sus deudas y seguir produciendo.
La empresa sostiene que tiene pedidos para mantener la planta a máxima capacidad durante al menos ocho meses. El problema está en otro lado: producir puede cubrir los costos operativos y, al mismo tiempo, no generar el flujo necesario para soportar deuda, tasas, servicios y compromisos acumulados.
Una fábrica que produce y aun así se ahoga
Los números muestran dónde se rompió la ecuación. El pasivo concursal llega a $34.187 millones: $18.512 millones corresponden a acreedores quirografarios por compras locales, $5.539 millones a compras en el exterior y $7.791 millones a financiamiento, además de obligaciones fiscales, sociales y laborales. La firma registra 185 cheques rechazados por más de $1.000 millones y una exposición financiera cercana a $22.355 millones.
No es una pyme improvisada que vivió de una bicicleta financiera. Es una industria fundada en 1956, instalada desde 1979 en Burzaco, que transforma chatarra y materiales metálicos en piezas de alto valor agregado para sectores siderúrgicos, petroleros, automotores, eólicos y mineros.
El dato más incómodo para el discurso económico oficial es su perfil exportador. Cerca del 80% de la producción se dirige al exterior y entre sus mercados aparecen Estados Unidos, Brasil, Chile e India.
La propia empresa explicó en el expediente una combinación conocida por el entramado fabril: pérdida de pedidos, competencia importada y financiamiento demasiado caro. Señaló que proveedores chinos participan en los mismos mercados con precios cercanos a la mitad de los suyos.
A eso se agregaron tasas bancarias que, según la presentación empresaria, llegaron al 80% y 90% anual frente a márgenes del negocio próximos al 5%. No hace falta demasiada teoría económica para advertir la incompatibilidad.
El cuadro no aparece en el vacío. El relevamiento de ADIMRA citado en la información disponible mostró una actividad metalúrgica estancada, con una caída interanual de la producción del 4,4% en julio y seis de cada diez máquinas sin utilizar. San Cayetano tiene problemas propios y sería incorrecto atribuir cada peso de su deuda exclusivamente a la política nacional. Pero también sería artificial separar su concurso del escenario en el que debe competir.
El programa de Javier Milei consiguió bajar la inflación y ordenar las cuentas fiscales, pero la apertura importadora, la debilidad del mercado interno y el costo financiero modificaron las condiciones de supervivencia industrial.
La historia reciente agranda el contraste. En 2021, Banco Provincia presentaba a Fundición San Cayetano como la mayor empresa argentina de su rubro. Tenía alrededor de 340 trabajadores y una planta de más de 45.000 metros cuadrados. En 2022 proyectaba duplicar producción mediante una inversión financiada por BICE superior a $200 millones y desarrollar una línea de varillas de hierro para construcción.
Cuatro años después, la discusión ya no pasa por duplicar la producción sino por reestructurar $34.187 millones para preservar la continuidad. Eso evita convertir la situación en una crónica anticipada de cierre, pero no reduce su valor como advertencia.
Burzaco tampoco es una coordenada menor. El Sector Industrial Planificado Mixto de Almirante Brown integra uno de los corredores fabriles del Conurbano Sur. Cuando una compañía de esta escala entra en concurso, el problema no termina en sus balances: detrás aparecen proveedores, transportistas, servicios, trabajadores especializados y una cadena territorial que depende de que la máquina siga girando.
El Gobierno puede mirar el caso como una reestructuración privada y la empresa busca transmitir continuidad. Ambas cosas pueden ser ciertas. Pero la economía real tiene una manera menos elegante de presentar sus balances: cuando una fundición que exporta tiene pedidos, lleva siete décadas produciendo y trabaja para sectores estratégicos necesita protección judicial para ordenar su deuda, algo más que una empresa está crujiendo.
San Cayetano todavía tiene hornos encendidos, clientes y meses de producción por delante. Precisamente por eso su concurso es más inquietante que el cierre de una fábrica sin mercado. La señal que sale de Burzaco es otra: en la Argentina de Milei ya no alcanza necesariamente con producir, exportar y tener pedidos para estar financieramente a salvo. Cuando la industria empieza a necesitar un expediente judicial para seguir haciendo lo que sabe hacer, la estabilización deja de ser una planilla y empieza a mostrar su costo en hierro, trabajo y territorio.
