En el sur del conurbano bonaerense, donde el agua embotellada forma parte de la vida cotidiana de miles de familias, una investigación judicial dejó al descubierto un circuito clandestino que operaba lejos de cualquier control sanitario. La Policía Federal Argentina desmanteló tres plantas ilegales de envasado instaladas en Canning, desde donde se abastecía a comercios y consumidores de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. La causa no solo pone bajo la lupa un posible fraude comercial, sino también un riesgo concreto para la salud pública.
Cuando una denuncia vecinal abre una puerta
La investigación comenzó a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre movimientos llamativos en distintos domicilios particulares. Los vecinos describían un inusual ingreso y salida de bidones, además de la presencia de residuos líquidos y sustancias químicas que terminaban escurriendo hacia la vía pública.
Esos indicios llegaron al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, que ordenó una pesquisa a cargo de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal. Durante semanas, los investigadores reunieron elementos suficientes para avanzar sobre tres inmuebles ubicados en Canning, donde presuntamente funcionaban plantas de tratamiento y embotellado de agua sin autorización.
Los allanamientos confirmaron buena parte de las sospechas. En los procedimientos participaron especialistas que realizaron muestreos del agua almacenada para evaluar su potabilidad y efectuaron controles bromatológicos sobre las instalaciones. También inspeccionaron las condiciones de higiene del lugar.
El panorama que encontraron encendió nuevas alarmas. Según la investigación, los establecimientos carecían de las habilitaciones y la documentación obligatoria para desarrollar esa actividad. A eso se sumaban serias deficiencias de limpieza y condiciones sanitarias incompatibles con la elaboración de un producto destinado al consumo humano.
Como parte del operativo, la Justicia ordenó inutilizar la maquinaria utilizada para el envasado y secuestró alrededor de 600 bidones plásticos de 20 litros, de los cuales un centenar ya estaban llenos y listos para ser distribuidos. También fueron incautados tres teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para reconstruir el funcionamiento del circuito.
Dos hombres, ambos de 62 años, y una mujer de 39 fueron notificados de la causa y quedaron imputados por presuntas infracciones al Código Alimentario Argentino y por la posible comisión del delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la maniobra.
Más allá de las responsabilidades penales que deberá establecer la Justicia, el caso vuelve a exponer un problema que atraviesa distintos puntos del conurbano: cuando los controles fallan o los negocios clandestinos encuentran espacio para crecer, lo que termina en juego no es solamente una actividad comercial irregular. También se pone en riesgo algo tan básico como la confianza de las familias en el agua que llevan todos los días a sus mesas.
