Las puertas no cedían por casualidad. Detrás de cada vivienda asaltada había una organización que, según la investigación judicial, estudiaba los movimientos de sus víctimas, irrumpía armada y se retiraba con mucho más que dinero o joyas.
Los investigadores sostienen que también obligaban a los propietarios a transferir fondos desde sus propias cuentas bancarias antes de abandonar el lugar. Esa modalidad terminó convirtiéndose en el hilo conductor de una pesquisa que desembocó en un amplio operativo con epicentro en el Conurbano Sur.
Quince allanamientos realizados de manera simultánea en Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza permitieron detener a once personas acusadas de integrar una banda señalada como responsable de al menos 21 entraderas cometidas en distintos municipios del oeste bonaerense. La Justicia, además, mantiene activa la búsqueda de otros dos presuntos integrantes que permanecen prófugos.
La investigación siguió el rastro de un teléfono y desarmó la estructura
La causa comenzó a tomar forma luego de las denuncias presentadas por vecinos de Morón, Haedo, Castelar, Villa Tesei, Ituzaingó y Merlo, localidades donde la organización habría desplegado buena parte de su actividad.
El patrón se repetía: irrupciones violentas en viviendas particulares, amenazas con armas y un rápido vaciamiento de todo aquello que pudiera transformarse en dinero.
El punto de inflexión llegó el pasado 20 de marzo con la detención del hombre señalado como el chofer de la organización en la localidad de Haedo. El análisis del teléfono celular secuestrado durante ese procedimiento permitió reconstruir contactos, movimientos y direcciones que, según los investigadores, terminaron por revelar parte del funcionamiento interno de la banda.
Con esa evidencia, la Justicia autorizó una serie de procedimientos simultáneos que alcanzaron domicilios distribuidos entre Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza, donde fueron capturados diez hombres y una mujer.
La investigación no terminó con las detenciones. Dos jóvenes, de 20 y 21 años, continúan siendo buscados por la Justicia y pesan sobre ellos pedidos de captura. Mientras tanto, los once arrestados enfrentan una compleja situación procesal. Las imputaciones incluyen robo agravado por efracción, robo agravado por el uso de arma, encubrimiento por receptación dolosa, tentativa de homicidio criminis causa y resistencia a la autoridad.
Más allá del impacto de los procedimientos, la causa vuelve a poner en evidencia cómo evolucionó el delito contra la propiedad en el área metropolitana. Las entraderas ya no apuntan únicamente a los objetos de valor que hay dentro de una casa.
El acceso inmediato a cuentas bancarias, billeteras virtuales y aplicaciones financieras convirtió a los propios dueños de las viviendas en una pieza más del botín buscado por organizaciones que combinan violencia física con nuevas formas de delito económico.
El operativo permitió golpear una estructura que, según la investigación, operaba desde distintos puntos del Conurbano. Pero el desafío judicial recién comienza. Detrás de cada allanamiento exitoso aparece una pregunta que atraviesa a miles de vecinos: cómo impedir que estas organizaciones vuelvan a reorganizarse en un territorio donde la información, la logística y la violencia suelen viajar mucho más rápido que las causas judiciales.
