Tres años después de un crimen que parecía escrito para una novela negra pero ocurrió en el Conurbano real, la Justicia puso una pena definitiva sobre los principales responsables. Maximiliano Pilepich, Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el financista ejecutado en General Rodríguez y cuyo cuerpo terminó descuartizado y repartido lejos de la escena del crimen.
El juez Juan María Rial rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas después de que un jurado popular declarara culpables a los tres acusados. Con ese paso quedó firme, dentro de esta instancia, la pena máxima solicitada por la fiscal Marcela Dimundo.
La calificación fue homicidio cometido con la participación premeditada de dos o más personas, por codicia y mediante el uso de un arma de fuego.
La acusación reconstruyó el crimen alrededor de una deuda. Pérez Algaba llegó el 18 de julio de 2023 a un campo de General Rodríguez con la intención de cobrar unos 50 mil dólares que reclamaba a Pilepich. Nunca salió vivo.
Recibió dos disparos. Después vino la parte del plan destinada a borrar el cuerpo y ganar tiempo.
Sus restos fueron descuartizados y trasladados hasta Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Allí apareció parte del cuerpo dentro de una valija arrojada en un arroyo. El hallazgo convirtió una desaparición en una investigación por homicidio y abrió una trama de dinero, vínculos y responsabilidades que terminaría llevando a juicio a varios implicados.
Una deuda de 50 mil dólares detrás del crimen
Para los investigadores, la motivación central fue económica: eliminar a Pérez Algaba permitía borrar de la ecuación una deuda de 50 mil dólares. La reconstrucción judicial ubicó a Pilepich y Vargas en la ejecución del asesinato y estableció la participación de Gil dentro de la planificación criminal por la que los tres terminaron condenados.
No es un dato menor que la sentencia haya llegado después de un juicio por jurados. Fueron ciudadanos comunes quienes, tras escuchar pruebas, testimonios y argumentos de las partes, determinaron la culpabilidad. Después quedó en manos del tribunal fijar la consecuencia penal.
Las defensas intentaron revertir ese escenario mediante planteos de nulidad, pero Rial los rechazó. La decisión despejó el camino para las perpetuas.
La causa, sin embargo, todavía tiene ramificaciones. Otros cinco imputados enfrentan un proceso separado y algunos analizan resolver su situación mediante juicios abreviados. Eso significa que el expediente judicial todavía no terminó de contar qué papel tuvo cada persona alrededor del asesinato y del posterior ocultamiento del cuerpo.
El caso Pérez Algaba tuvo desde el principio todos los elementos capaces de devorar la dimensión humana de un homicidio: dinero, negocios, deudas, fotografías de una vida ostentosa, un cadáver mutilado y una valija apareciendo en un arroyo del sur del Conurbano.
Pero detrás de esa escenografía quedó algo bastante más simple y brutal: un hombre fue a cobrar una deuda y no volvió.
General Rodríguez fue el escenario de la muerte. Ingeniero Budge recibió después las piezas de aquello que los asesinos pretendían hacer desaparecer. Entre ambos puntos quedó un recorrido diseñado para romper rastros y convertir una ejecución en misterio. No funcionó.
Tres hombres recibieron ahora prisión perpetua. El dinero que habría desencadenado el crimen era de 50 mil dólares. La cuenta judicial terminó siendo bastante más cara: una vida perdida y tres condenas que, salvo que instancias superiores modifiquen el fallo, acompañarán a los responsables durante el resto de las suyas.
