A solicitud de la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en las localidades de Avellaneda, Lanús y Quilmes, en el marco de una causa que investiga a una organización delictiva dedicada a la explotación de plataformas ilegales de apuestas online.
El caso surgió a raíz de la denuncia de la madre de un menor de edad, que había comenzado a apostar a través de una de las plataformas que integran la red investigada. El menor desarrolló un cuadro severo de ludopatía, acumulando una deuda que lo llevó a intentar quitarse la vida.
Afortunadamente, ello no llegó a concretarse gracias a la intervención médica inmediata, pero el hecho expuso el impacto que el juego ilegal puede tener sobre los adolescentes y sus entornos familiares.
En ese contexto, la Fiscalía inició una investigación que logró identificar a numerosas personas vinculadas a una organización dedicada a las apuestas ilegales en línea. Tras ello, solicitó allanar los domicilios resultantes de las pesquisas, los cuales fueron autorizados por el juzgado.
Luego del trabajo coordinado entre la FEJA, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y distintas fuerzas de seguridad, se realizaron los procedimientos que permitieron desarticular varios nodos operativos que eran utilizados para explotar, administrar, promocionar y cobrar apuestas ilegales a través de distintos sitios web no autorizados.
Además, se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación. A los responsables se les imputó la participación en una organización de apuesta online, según el art. 301 bis del Código Penal.
Es importante señalar los riesgos del juego ilegal online y el flagelo creciente de la ludopatía, especialmente en niñas, niños y adolescentes. A diferencia de las plataformas legales reguladas por los organismos competentes, los sitios clandestinos operan sin control de edad, sin mecanismos de prevención y sin garantías mínimas para los usuarios.
