Ariel Macchi y Franco Herrera no estaban comprando droga, vendiéndola ni disputando una esquina. Eran albañiles. La noche del jueves estaban junto a Sebastián Ortiz esperando retirar herramientas para trabajar cuando un Volkswagen Suran gris apareció en la calle 1325, en Florencio Varela. Desde el vehículo comenzaron los disparos. Macchi tenía 28 años. Herrera, 23. Los dos murieron. Ortiz, de 25, quedó internado en terapia intensiva.
La hipótesis que guía la investigación vuelve todavía más brutal la escena: los tiradores se habrían equivocado de casa.
Según la reconstrucción del caso, el objetivo habría sido otro domicilio de la zona vinculado presuntamente con la venta de drogas. Los atacantes buscaban a integrantes de un grupo rival, pero descargaron los disparos contra el lugar equivocado. Los tres trabajadores quedaron atrapados en una guerra que no era la suya.
Después llegó el dolor y, detrás, la bronca. Familiares y vecinos reclamaron justicia por Herrera y exigieron terminar con los puntos de venta de drogas que identifican dentro del barrio. La tensión acumulada durante los días siguientes terminó explotando de la peor manera.
En la madrugada del domingo, un grupo numeroso ingresó a una vivienda señalada como presunto búnker y la prendió fuego. Las personas que estaban adentro intentaron escapar. Cintia Caballero, de 30 años, fue alcanzada durante la huida y recibió heridas de arma blanca que terminaron provocándole la muerte. Su pareja también resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital Mi Pueblo.
En cuestión de días, los barrios San Luis y San Francisco quedaron atravesados por tres muertes: primero dos trabajadores aparentemente asesinados por una equivocación de sicarios y después una mujer muerta durante una represalia contra un lugar señalado por los propios vecinos.
De Varela a Lanús, una violencia que atraviesa los barrios
Casi al mismo tiempo, otro episodio sacudió el sur del Conurbano. En el asentamiento Diez de Enero, en Lanús, tres jóvenes llegaron en moto hasta una casilla de Pasaje Pilar al 4400, identificada por vecinos como un posible punto de venta de drogas.
Dos entraron mientras el tercero esperaba afuera. Después comenzó la balacera. Los investigadores contabilizaron alrededor de 14 disparos.
Diego Alejandro Ramos, de 25 años, murió dentro de la vivienda. Hernán Alejandro Aguilera, de 21, consiguió salir herido y terminó en el Hospital Evita con impactos en el muslo y cerca de la cadera. Allí aseguró inicialmente que había sufrido un robo, pero la reconstrucción policial puso esa explicación bajo sospecha.
Aguilera había sido detenido pocos días antes por tenencia ilegal de un arma y recuperado la libertad al día siguiente. Ahora quedó nuevamente detenido mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió dentro de la casilla y quién disparó.
El domicilio tampoco era desconocido para los investigadores. Existía un pedido previo de allanamiento relacionado con una banda que presuntamente utilizaba el lugar, aunque esa medida no llegó a concretarse antes del tiroteo.
Varela y Lanús son investigaciones distintas y no existe, con los datos disponibles, una conexión probada entre ambos episodios. Lo que comparten es algo más profundo: la disputa violenta alrededor del narcomenudeo metiéndose dentro de barrios donde la enorme mayoría simplemente intenta vivir.
Y Varela dejó además una señal especialmente inquietante. Cuando dos albañiles mueren porque los sicarios aparentemente tocaron la puerta equivocada y después un barrio decide que puede resolver por mano propia aquello que siente que nadie resolvió antes, la frontera entre víctimas, sospechosos y vengadores empieza a deshacerse.
El narcomenudeo entonces deja de ser solamente un negocio clandestino. Se convierte en territorio, miedo y silencio. Y cuando finalmente ese silencio estalla, ya no siempre queda alguien capaz de decidir hacia dónde van los tiros.
