Del ajuste brote social: radiografía del GBA Sur

Por Vanina Sosa

Los datos que celebra el Gobierno nacional no resisten el contraste con la realidad de los barrios del conurbano sur. Mientras Javier Milei y su equipo se ufanan de un plan económico que “bajó la inflación”, en las zonas populares de Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Almirante Brown, Florencio Varela y Avellaneda crece el malestar social como una marea oscura. Las cifras oficiales no lo muestran, pero las estufas apagadas en invierno, los comedores desbordados y las filas eternas por una garrafa o un bolsón de comida gritan lo que los gráficos callan: la situación está al límite.

Según reportes cruzados entre intendencias, organismos sociales y centros de estudio, la zona sur del conurbano concentra los indicadores más alarmantes en pobreza estructural, desocupación, caída salarial y suba de la conflictividad. Un mapa de calor elaborado por áreas técnicas municipales identifica al oeste de Lomas de Zamora, el oeste de Quilmes, el este de Lanús, el este de Almirante Brown, el centro de Florencio Varela y el sur de Avellaneda como los núcleos más calientes del malestar actual. Donde antes había hambre con changa, ahora hay hambre sin trabajo.

Motosierra que amputa el cuerpo social

Un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma revela que, en los primeros 500 días del gobierno libertario, el empleo registrado cayó un 1,9%. Son casi 200 mil puestos formales menos. Pero la cifra esconde algo más profundo: el avance de un modelo de “cuentapropismo forzoso” donde cada trabajador es dejado a la intemperie. El que perdió el laburo, ahora vende empanadas por redes, arregla bicis o revende ropa. Muchos no llegan ni a eso.

La precarización no solo se mide en salarios más bajos: se mide en cuerpos agotados, en pibes que no comen lo suficiente, en madres que hacen malabares para comprar una garrafa, en jubilados reprimidos por reclamar lo básico. Mientras la inflación baja en los promedios, la Canasta Básica Alimentaria sube tres veces más en los barrios populares del conurbano, según el ISEPCI. Y la comida no se mide en porcentajes, se mide en platos vacíos.

El modelo libertario festeja crecimiento en sectores como energía, minería y agroindustria a gran escala, que no demandan empleo intensivo. Y los datos lo prueban: la ocupación formal no crece, pero sí lo hace el pluriempleo y la jornada extendida. Se trabaja más para ganar menos.

Represión como política de ajuste

Frente a la desocupación y el deterioro social, el gobierno eligió blindarse. Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, hubo al menos 73 protestas reprimidas, con 2.395 personas heridas y 277 detenidas, según el Monitor de Respuestas Represivas. Los jubilados son los más golpeados: 19 manifestaciones atacadas con violencia, 1.297 heridos y 133 detenciones.

Pero también se reprime el hambre. Se despliegan operativos en torno a comedores, marchas de trabajadores de la economía popular, cortes de organizaciones barriales. El objetivo: disciplinar. “La represión se volvió ritual. Cada miércoles hay un operativo. Es la forma en que este gobierno ‘resuelve’ la protesta”, sostienen desde la CTA.

Los movimientos sociales, antes interlocutores del Estado, hoy son criminalizados. A los dirigentes les abren causas, a las organizaciones les quitan programas y alimentos. Y a los barrios les cortan la cadena que los sostenía.

El sur como epicentro del estallido posible

El conurbano no es homogéneo. Mientras en CABA la desocupación sigue por debajo del promedio nacional, en el conurbano sur ya supera los dos dígitos. A eso se suma un crecimiento del subempleo y del fenómeno de los ocupados que buscan otro trabajo. En las barriadas las estructuras locales ya no dan abasto. Hay saturación en atención primaria, presión desbordada en comedores escolares y falta de insumos básicos para las salitas.

En off, desde intendencias de la Tercera Sección Electoral avisan: “Estamos viendo síntomas sociales que no veíamos desde la crisis del 2001. No es solo inflación: es hambre sin red. Hay chicos con signos de desnutrición en invierno, y familias enteras que viven de dos changas en aplicaciones que pagan con suerte una vez por semana”.

Hay alarma en los equipos sociales, que reciben reportes diarios sobre aumento de consultas psiquiátricas, conflictos familiares por alimentos, consumo problemático en aumento y mujeres que vuelven a las ollas populares como único espacio de contención.

En la narrativa oficial, el “plan va bien”. Pero en la calle, el plan hace agua. La distancia entre los gráficos que se proyectan en Casa Rosada y la olla vacía de una cocina de Fiorito es abismal. Y esa distancia no se cubre con discurso, se cubre con política. El conurbano sur está en rojo. El Gobierno puede seguir negando el mapa social, pero los territorios no esperan. En algún punto, la olla hierve. Y cuando eso pase, no habrá protocolo que alcance.

Petovello avanza con el “apagón de datos sociales”

En pleno invierno, cuando los comedores comunitarios sostienen con lo mínimo la dignidad de miles de familias del conurbano, el Ministerio de Capital Humano decidió apagar la única linterna que alumbraba el mapa de la emergencia alimentaria. Mediante la resolución 393/2025, firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez, se dispuso el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM), herramienta que, aunque con limitaciones, permitía dimensionar cuántos espacios alimentaban a la comunidad y dónde estaban ubicados.

La medida fue presentada como una apuesta a la “eficiencia” y al “control presencial”, pero en los barrios se vive como un nuevo golpe: sin registros, sin datos, sin trazabilidad ni monitoreo real, el Estado se borra del lugar donde más se lo necesita. Lo que queda no es control, es oscuridad.

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) advirtieron que la decisión es parte de una ofensiva más amplia: primero dejaron de entregar alimentos; ahora intentan invisibilizar a quienes los distribuyen. La idea de “comedores fantasmas” fue el caballito de batalla para justificar el ajuste, pero las auditorías apenas recorrieron un puñado de barrios, y en la mayoría ni siquiera tocaron la puerta.

El ReNaCOM no entregaba recursos, pero sí permitía planificar, relevar necesidades, proyectar mejoras, incluso evaluar nutricionalmente los platos que se servían. Su cierre no es solo una decisión administrativa: es una política deliberada de desamparo.

En vez de fortalecer el Estado donde arde el hambre, lo diluyen. En lugar de corregir lo que funcionaba mal, lo eliminan. Y mientras tanto, los pibes y pibas del conurbano siguen esperando una ración caliente, que ya no figura ni en los papeles.