YPF: Argentina condenada por su soberanía

Argentina, condenada desde afuera (¿y Adentro?)

La decisión significa no solo un golpe financiero, sino una derrota simbólica y política de dimensiones geoestratégicas. 

El Gobierno de Javier Milei, en su apuesta por el alineamiento absoluto con Estados Unidos y los organismos financieros, no logró evitar un fallo que compromete la soberanía energética nacional y debilita la posición del Estado frente a su principal empresa estratégica. En vez de blindar al país, el mileísmo globalizador mostró su peor rostro: impotente ante sus aliados, rendido ante la justicia extranjera y sin plan de defensa nacional.

Desde el inicio del juicio, iniciado por el fondo Burford Capital —especializado en litigios especulativos—, estaba claro que se jugaba algo más que un resarcimiento económico. La causa fue el canal jurídico para el avance de lógicas privatizadoras, extranjerizantes y especulativas sobre los recursos naturales argentinos. Lo que sorprendió no fue el fallo, sino la pasividad del Gobierno argentino ante él. No hubo estrategia jurídica sólida, ni ofensiva diplomática real, ni respaldo político regional. 

Y eso que el presidente Milei no ahorró gestos de subordinación a Washington, al capital financiero y a la Corte del distrito sur de Nueva York. 

Nada alcanzó. Porque en los hechos, su devoción fue inútil: la Argentina fue castigada igual.

El fallo es demoledor. Obliga a ceder la mayoría accionaria de YPF, actualmente en manos del Estado a través de una tenencia del 51%, recuperada por el Congreso en 2012 con amplio respaldo político. No se trata solo de un paquete accionario. Se trata del control de la principal empresa energética del país, que gestiona parte fundamental de la explotación de Vaca Muerta y es clave para la balanza comercial y energética. Ceder el control de YPF es desandar más de un siglo de construcción de soberanía energética. Es resignar el poder estatal sobre uno de los motores del desarrollo nacional.

Desde el oficialismo libertario se intentó presentar el fallo como una consecuencia del “populismo expropiador” del kirchnerismo. Pero esa lectura oportunista es mezquina y funcional a los intereses foráneos. Porque, más allá de los errores procesales de aquella expropiación, lo que está en juego no es una cuestión técnica, sino la legitimidad del derecho soberano a recuperar sectores estratégicos del Estado. Si la única respuesta del Gobierno ante un fallo adverso es echar culpas al pasado, estamos frente a una gestión que renuncia a gobernar. Porque hoy la Argentina es gobernada, juzgada y disciplinada desde afuera.

En esta lógica, el alineamiento geopolítico de Milei muestra sus límites. El mismo presidente que se fotografió con Elon Musk, que celebró el mercado sin Estado, que saludó a Netanyahu y se autoerigió en referente del Occidente liberal, no consiguió evitar que una jueza federal de EE.UU. fallara contra la soberanía argentina. Su modelo de relaciones exteriores, basado en gestos de admiración personal y adhesión ideológica, no trajo beneficios concretos. No hay “efecto aliado” cuando se trata de negocios. 

El capital norteamericano y sus operadores jurídicos actúan con brutalidad cuando ven una oportunidad de rapiña. Y Milei, en vez de oponerse, se postra.

El Gobierno no denunció el fallo como lesivo al interés nacional. No hay estrategia de defensa del patrimonio energético. No hubo comunicación oficial que encuadre este hecho como una amenaza a la soberanía. Solo se limitó a evaluar recursos procesales y a desmarcarse de la “herencia”. En ese vacío, el capital especulativo avanza sin obstáculos. La entrega de YPF no se firma con un decreto: se consuma con indiferencia.

Del lado económico, las consecuencias son múltiples. En primer lugar, se genera un clima de mayor inseguridad jurídica para las propias inversiones que el Gobierno dice querer atraer. Si un fondo extranjero puede litigar durante años, adquirir créditos litigiosos y quedarse con la principal empresa del país, el mensaje es claro: en Argentina no manda el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni el pueblo. Manda un tribunal en Nueva York. En segundo lugar, se deteriora la posibilidad de planificar política energética de largo plazo. Con una YPF bajo control extranjero, se complica toda estrategia de desarrollo industrial vinculado al gas y petróleo.

En el plano político, el fallo pone en evidencia el aislamiento del país. No hubo respaldo de socios estratégicos. Ningún país de la región alzó la voz para denunciar esta nueva forma de colonialismo financiero. El desmantelamiento de la UNASUR, la inacción del Mercosur y la orientación ideológica del Gobierno argentino impiden articular respuestas colectivas. En un contexto de multipolaridad global, Argentina eligió ser peón de un imperio en decadencia, y ni siquiera logró protección. En ese sinsentido, el discurso de la libertad se transforma en obediencia. Y la soberanía en papel mojado.

Hoy más que nunca, recuperar una perspectiva soberanista implica defender el control estatal sobre los recursos estratégicos. Significa entender que YPF no es una empresa más: es una herramienta de autonomía energética, de planificación nacional, de generación de divisas genuinas y de industrialización. No se puede hablar de libertad mientras se entrega el subsuelo a intereses especulativos. No hay desarrollo posible sin energía controlada por el Estado. Y no hay patria sin soberanía.