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title: "Cresta Roja en crisis: el concurso de Granja Tres Arroyos pone en riesgo empleos en El Jagüel y Ezeiza"
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description: "El mayor grupo avícola del país pidió protección judicial para reestructurar una deuda que supera los $126.000 millones. Wade, operadora de Cresta Roja, también recurrió al concurso. Menor consumo, importaciones, mercados externos perdidos y una estructura financiera deteriorada explican una crisis que vuelve a golpear el empleo industrial del Conurbano Sur."
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date_published: "2026-09-18T07:38:00-03:00"
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# Cresta Roja en crisis: el concurso de Granja Tres Arroyos pone en riesgo empleos en El Jagüel y Ezeiza

![NOTA 1](/download/multimedia.normal.8dbf056caf76e882.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)Cresta Roja vuelve a caminar por el borde. La empresa que alguna vez simbolizó la recuperación de una avícola quebrada enfrenta otra vez plantas paralizadas, suspensiones, salarios adeudados y empleos bajo amenaza.

Esta vez el problema excede a El Jagüel y Ezeiza: Granja Tres Arroyos, controlante del grupo al que pertenece Wade, pidió su concurso preventivo para ordenar un pasivo que supera los $126.000 millones. El expediente de GTA quedó radicado en el Juzgado Comercial N°21 y, al 15 de septiembre, todavía esperaba la resolución que determine la apertura formal del proceso. Wade había presentado previamente su propio pedido.

Conviene hacer esa precisión porque concurso no significa quiebra. Es justamente la herramienta que busca evitarla: permite negociar de manera ordenada con los acreedores mientras la empresa intenta conservar su actividad. Pero tampoco es un trámite administrativo inocuo. Se llega al concurso cuando la caja dejó de alcanzar para responder normalmente por las obligaciones.

Y los números muestran hasta dónde llegó el deterioro. Según la presentación judicial de GTA, los cheques de pago diferido rechazados superaban los $126.000 millones. Los resultados acumulados pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a pérdidas de $68.968 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para 2025, la compañía proyectó un rojo acumulado de $122.052 millones.

El índice de liquidez cayó, además, desde 1,43 hasta 0,51 en apenas tres años. Traducido: por cada peso de obligaciones de corto plazo, la empresa terminó disponiendo de poco más de cincuenta centavos de activos corrientes para afrontarlas.

No es solamente un balance deteriorado. GTA declara más de 1.700 empleos directos y más de 3.000 dentro del conjunto empresario. En los últimos meses la crisis ya produjo fuertes recortes en distintas plantas. Solo en Concepción del Uruguay fueron despedidos 255 trabajadores en agosto, mientras fuentes gremiales ubican bastante más arriba la pérdida acumulada de puestos dentro del grupo.

Del pollo barato al estrangulamiento financiero

La explicación empresaria combina problemas viejos con otros mucho más recientes. Uno de ellos es elemental: el mercado interno dejó de absorber producción al ritmo que necesitaba una estructura industrial construida para vender grandes volúmenes. La propia compañía reconoce que el consumo de pollo había crecido desde unos 20 kilos por habitante a comienzos de siglo hasta rondar los 47 kilos, pero terminó encontrando un techo. A eso le agregó la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

El pollo tiene además una característica brutal para cualquier industria en crisis: no permite esperar indefinidamente. Una fábrica puede guardar determinadas manufacturas hasta conseguir mejor precio. Una avícola trabaja con una cadena biológica, frigorífica y logística que obliga a producir, faenar y vender. Cuando el mercado no convalida el costo, la alternativa puede ser colocar mercadería perdiendo margen antes que detener todo el engranaje.

Sobre ese problema cayó el aumento de energía, transporte, alimento e insumos. Y desde 2024 se agregó otro factor que GTA señala directamente en su presentación: una mayor presencia de pollo brasileño en el mercado argentino, favorecida por la flexibilización de las importaciones y la reducción de barreras. Para una empresa endeudada y con costos locales altos, competir con mercadería importada limita todavía más la posibilidad de recuperar rentabilidad mediante precios.

Ahí aparece una contradicción del actual esquema económico que suele quedar escondida detrás de la discusión sobre la inflación. Abrir importaciones puede funcionar como disciplina sobre los precios internos. Para el consumidor, en determinados productos, eso puede significar valores menores.

Para una industria local con costos superiores y poca espalda financiera, también puede significar vender con márgenes cada vez más estrechos. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Pero sería demasiado cómodo cargar toda la crisis sobre la política económica actual. Granja Tres Arroyos ya arrastraba problemas propios y un golpe extraordinario: la gripe aviar de 2023 provocó el cierre de mercados externos decisivos. China perdió peso dentro de sus exportaciones y producción destinada al exterior terminó buscando compradores dentro del país. Más oferta interna, menor capacidad de consumo y mayores costos formaron una combinación difícil.

También pesa la historia de Cresta Roja. GTA asumió su operación en 2018 a través de Wade después de años de quiebra y cambios empresarios. La adquisición implicó compromisos por unos US$80 millones y, según la documentación presentada ahora, GTA debió aportar posteriormente más de US$25 millones adicionales para capital de trabajo y recuperación de instalaciones. La expansión que debía fortalecer al grupo terminó consumiendo liquidez en una empresa que después enfrentaría un escenario mucho más adverso.

El derrumbe productivo permite dimensionar el problema. En marzo, fuentes del sector señalaban que GTA había pasado de faenar alrededor de 700.000 pollos diarios a unos 200.000 y perdido cerca del 60% de los productores integrados que trabajaban con la compañía. No es simplemente una empresa debiendo dinero: cuando una firma de esta escala retrocede, arrastra granjas, transportistas, proveedores, trabajadores y comercios de las ciudades donde opera.

En El Jagüel y Ezeiza esa abstracción económica tiene nombre propio: Cresta Roja. La experiencia de 2015 ya mostró lo que significa para la región que una gran planta avícola deje de producir. Ahora el concurso abre una oportunidad para ordenar pasivos y preservar actividad, pero no garantiza el resultado. La continuidad dependerá de acreedores, producción, mercados, capital y de que exista una empresa económicamente viable detrás de la protección judicial.

Ese es el punto que la discusión macroeconómica suele perder. Una importación puede bajar un precio y un ajuste puede ordenar una cuenta fiscal. Pero una planta que cierra no desaparece de una planilla: desaparecen salarios, proveedores, consumo barrial y conocimiento industrial acumulado durante años. Cresta Roja ya conoce esa película. El desafío esta vez es evitar que el concurso sea el prólogo de otra fábrica silenciosa.

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