Perder el empleo no terminó con el conflicto para los trabajadores despedidos de Lipo. Cuatro meses después de las desvinculaciones, un grupo de 25 exempleados de la fábrica de caramelos de Lanús reclama indemnizaciones y haberes pendientes. La protesta frente al establecimiento volvió a exponer una situación que también alcanza a quienes conservan sus puestos.
Según la cronología difundida, en junio fueron despedidas 30 personas y cinco consiguieron ser reincorporadas. Los restantes 25 sostienen que siguen sin cobrar las indemnizaciones que reclaman. No se trata de nuevas cesantías anunciadas esta semana.
Entre los afectados hay operarios con décadas de antigüedad. En sus testimonios describieron las dificultades para conseguir otro trabajo, afrontar los gastos del hogar y sostener la atención médica después de perder la cobertura de salud.
El reclamo por las desvinculaciones
Parte de los despedidos cuestiona las causas invocadas para finalizar sus contratos. Afirman que fueron utilizadas para evitar el pago de indemnizaciones y rechazan los motivos atribuidos por la empresa.
También se difundió una propuesta de cancelación en cuotas, que los reclamantes consideran insuficiente por los plazos que implicaría cobrar la totalidad. No se obtuvo un acuerdo documentado que permita establecer montos y condiciones para cada caso.
Salarios fraccionados y producción interrumpida
El malestar se extiende al personal que permanece en la fábrica. Trabajadores denunciaron que reciben sus sueldos mediante pagos parciales y señalaron deudas salariales.
A esa situación se agregó una interrupción de la producción durante esta semana, que los testimonios atribuyen a la falta de azúcar. No se precisó cuánto duró la parada ni se informó un cierre definitivo del establecimiento.
La información disponible no incorpora una respuesta empresarial que detalle su posición sobre los despidos, los pagos reclamados o la actividad de la planta.
El conflicto mantiene dos urgencias: resolver las deudas denunciadas por quienes quedaron afuera y garantizar ingresos regulares para quienes continúan trabajando. Para los despedidos, el paso de los meses agrava una espera que comenzó en junio y todavía no tiene una fecha de cobro acordada.
