La diferencia obliga a explicar cómo una deuda más de 500 veces superior llegó a ser emitida.
Edesur dijo primero que debía $8.710.000. Después dijo que debía alrededor de $16.000. Entre una cifra y la otra hubo una vecina de Hudson que se negó a aceptar una liquidación imposible de pagar y una oficina pública de Berazategui que tomó el reclamo, intervino ante la distribuidora y consiguió que el caso fuera revisado.
La protagonista es Stella Maris Méndez Romero, vecina del barrio El Ciclón. El problema comenzó después de un cambio de medidor. Según la explicación que recibió, Edesur pretendía cobrarle un supuesto consumo de electricidad que no había quedado registrado durante ese proceso.
El resultado fue una deuda de $8,71 millones.
No se trataba de una diferencia menor de lectura, una actualización tarifaria ni unos pocos kilovatios mal calculados. Entre el monto inicialmente reclamado y la cifra que finalmente correspondía hay más de $8,6 millones de diferencia. La liquidación original era aproximadamente 544 veces superior.
Frente a una deuda que materialmente no podía afrontar, la usuaria recurrió a una jornada gratuita de asesoramiento organizada por la Municipalidad de Berazategui. Allí intervino la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Pocos días después, según informó oficialmente el Municipio, Edesur reconoció el error, pidió disculpas y rectificó la liquidación hasta dejarla en alrededor de $16.000.
Berazategui intervino y la deuda se derrumbó
El caso terminó con una resolución favorable para la usuaria, pero dejó abierto un problema mucho más grande: cómo una distribuidora eléctrica llegó a reclamar $8,7 millones por un suministro cuyo monto corregido terminó siendo de apenas $16.000.
Edesur todavía debe explicar qué control falló para que una liquidación de esa magnitud llegara hasta una usuaria antes de ser corregida. Cuánto consumo atribuyó a la vivienda, durante qué período, qué cantidad de energía consideró no registrada, si existió una inspección presencial, si hubo un acta técnica y qué información surgía del medidor retirado y del nuevo equipo.
También falta saber qué instancia interna validó una deuda semejante antes de que fuera emitida.
Ese punto es central. Un error de facturación puede ocurrir. Lo que necesita explicación es cómo una diferencia superior a $8,6 millones atravesó los controles de una empresa prestadora de un servicio esencial y terminó convertida en una deuda concreta para una usuaria.
La intervención de Berazategui aparece ahí como un dato decisivo. Stella Maris no tuvo que enfrentarse sola a una empresa que maneja información técnica sobre consumos, medidores y refacturaciones que un usuario común difícilmente puede auditar por sus propios medios. Llevó el caso a la OMIC y fue después de esa intervención que Edesur revisó su posición.
Eso muestra para qué sirve una oficina municipal de defensa del consumidor cuando existe una asimetría tan grande entre una prestadora y una persona que recibe una factura. Si la vecina hubiera aceptado inicialmente que la liquidación era correcta, intentado refinanciarla o simplemente no hubiera sabido dónde reclamar, el escenario podía haber sido completamente distinto.
Ahora aparece una segunda pregunta: cuántos expedientes parecidos existen.
Berazategui debería poder determinar cuántos reclamos contra Edesur recibió durante 2025 y 2026, cuántos estuvieron vinculados con sobrefacturación, cambios de medidor o consumos supuestamente no registrados y qué montos terminaron siendo rectificados.
Si aparecen más situaciones similares, la historia deja de ser la de una factura equivocada y empieza a convertirse en una discusión sobre procedimientos de facturación y controles internos.
La relación del distrito con Edesur, además, ya viene atravesada por conflictos de otra naturaleza. A comienzos de 2026, el Juzgado Federal de Quilmes intimó a la empresa a acreditar el cumplimiento de una medida cautelar en una causa impulsada por la Municipalidad de Berazategui a raíz de reiterados cortes de energía.
Es otro problema y no debe confundirse con este caso de facturación. Pero muestra que el distrito ya recurrió antes a herramientas administrativas y judiciales frente a la prestación del servicio.
Esta vez no hubo que llegar a una sentencia.
Hubo una vecina que reclamó, una oficina municipal que tomó el caso y una distribuidora que pasó de exigir $8.710.000 a rectificar la deuda hasta dejarla en alrededor de $16.000.
El resultado resolvió el problema de Stella Maris. No resolvió la pregunta que queda para Edesur. Si la deuda correcta rondaba los $16.000, ¿cómo llegó primero a exigir $8,7 millones? Porque equivocarse en una factura es posible. Equivocarse por más de $8,6 millones necesita una explicación.
