El expediente por el crimen de Érica Soriano, uno de los femicidios que marcó un antes y un después en la memoria del Conurbano bonaerense, vuelve a sacudir a la Justicia. A casi dieciséis años de la desaparición de la joven de Lanús, la posibilidad de que Daniel Lagostena obtenga una reducción de su condena por los estudios realizados dentro de la cárcel abrió una nueva batalla judicial y reavivó el dolor de una familia que nunca dejó de reclamar justicia.
La discusión ya no gira sobre la responsabilidad penal del condenado. Esa instancia quedó cerrada hace años. Lo que ahora deberá resolver la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora es si confirma o revoca el beneficio de "estímulo educativo" concedido por el juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino.
Un beneficio que reabre una herida
Lagostena cumple una pena de 22 años de prisión en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos. Según la resolución firme de la Cámara de Casación Penal bonaerense, su condena vence el 1 de octubre de 2037. Sin embargo, si prospera el beneficio concedido por sus estudios, podría acceder a la libertad asistida desde el 1 de septiembre de 2028.
Durante su permanencia en prisión cursó una Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria, avanzó en un Profesorado y una Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata y completó distintos cursos de formación laboral vinculados con programación, gastronomía, electricidad y oficios.
La legislación penitenciaria contempla el estímulo educativo como un mecanismo para favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad. Pero cuando esa herramienta alcanza a condenados por homicidios en contexto de violencia de género, el debate jurídico inevitablemente también se convierte en una discusión ética y social.
El asesinato de Érica Soriano fue juzgado en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora. Como el crimen ocurrió en agosto de 2010, antes de la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal, Lagostena fue condenado por homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género.
Durante el juicio declararon más de cuarenta testigos, entre ellos exparejas del acusado que describieron episodios previos de violencia. Los jueces concluyeron que Érica fue asesinada dentro de su vivienda entre la noche del 20 y la tarde del 21 de agosto de aquel año.
Desde entonces, la defensa intentó revertir la sentencia mediante distintos recursos judiciales, pero todos fueron rechazados, incluso por la Corte Suprema, que en diciembre de 2022 declaró inadmisible el recurso extraordinario y dejó firme la condena.
La discusión actual no modifica aquella declaración de culpabilidad. Lo que está en juego es el alcance de un beneficio previsto por la legislación penitenciaria. Para la familia de Érica, sin embargo, la posibilidad de acortar la condena representa una nueva revictimización en un expediente que simbolizó años de búsqueda, incertidumbre y dolor.
Hay además un elemento que vuelve especialmente sensible este caso. Si el crimen hubiera ocurrido bajo la legislación vigente, probablemente habría sido juzgado como femicidio, delito que prevé prisión perpetua. La diferencia temporal entre el hecho y la reforma legal coloca hoy al expediente en una zona incómoda, donde el derecho positivo y la percepción social de justicia parecen avanzar por caminos distintos.
En los próximos días, la Cámara deberá decidir si mantiene el beneficio educativo o si hace lugar al planteo de la familia. La resolución no solo impactará sobre el futuro de Daniel Lagostena.
También volverá a poner sobre la mesa una pregunta que la sociedad argentina sigue discutiendo: hasta dónde debe llegar la reinserción cuando detrás de un expediente permanece una de las historias más dolorosas de la violencia contra las mujeres.
