La Justicia vuelve sobre los pasos del “Rey de La Salada”

En la Justicia argentina pocas cosas son definitivas. Y la causa que tiene como principal protagonista a Jorge Omar Castillo, el histórico "Rey de La Salada", acaba de escribir un nuevo capítulo. Cuando parecía que la decisión de la Cámara Federal de La Plata había desinflado una de las investigaciones más resonantes sobre la megaferia de Lomas de Zamora, apareció otro actor dispuesto a revisar el expediente: la Cámara Federal de Casación Penal.

El máximo tribunal penal del país aceptó analizar el recurso presentado por la fiscal Cecilia Incardona contra la resolución que, meses atrás, dejó sin efecto los procesamientos y ordenó la liberación de Castillo y de una veintena de familiares y colaboradores vinculados al funcionamiento de Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo. La discusión, lejos de cerrarse, vuelve a abrirse.

Una causa que cambia de rumbo otra vez

La investigación había dado un fuerte giro en julio de 2025, cuando el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó con prisión preventiva a Castillo y a otros imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

Sin embargo, en abril de este año la Cámara Federal de La Plata entendió que esa resolución había sido adoptada antes de tiempo.

Los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias consideraron que la pesquisa todavía no reunía elementos suficientes para sostener semejante acusación y resolvieron revocar los procesamientos, levantar los embargos millonarios y ordenar la inmediata libertad de los detenidos.

Aquella decisión fue celebrada por las defensas, pero dejó una fuerte reacción del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Incardona insistió en que la investigación todavía tenía fundamentos para avanzar y recurrió a Casación. Ahora, los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky habilitaron esa revisión.

Detrás del expediente hay una discusión mucho más amplia que la situación procesal de Castillo. La acusación sostiene que dentro de La Salada funcionaban dos organizaciones estables. Una habría estado encabezada por Castillo junto a Aldo Enrique Presa y Antonio Corrillo Torrez alrededor de las ferias Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo. La otra tendría como referente a Enrique Esteban Antequera en la feria Urkupiña.

Según esa hipótesis, ambas estructuras habrían combinado la comercialización masiva de mercadería falsificada con maniobras de evasión impositiva y posterior lavado del dinero obtenido. La fiscalía incluso sostuvo que únicamente por las cuentas de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025, recursos que presuntamente terminaron invertidos en inmuebles, campos y vehículos de alta gama.

La Cámara platense entendió que todavía faltaban pruebas para sostener semejante construcción jurídica. La fiscalía piensa exactamente lo contrario. Ese desacuerdo es, precisamente, el que ahora deberá resolver Casación.

Mientras tanto, Castillo recuperó la libertad, pero no la tranquilidad.

La investigación sigue abierta y el expediente volvió a ponerse en movimiento. En la Argentina judicial, un fallo rara vez representa el punto final. Muchas veces es apenas el comienzo de la siguiente batalla. Y en el tablero de La Salada, donde circulan millones de pesos cada año, nadie parece dispuesto a abandonar la partida demasiado pronto.