La inflación desacelera en las planillas oficiales, pero la economía cotidiana cuenta otra historia. En los barrios populares y en amplios sectores de la clase trabajadora del Conurbano bonaerense, el problema ya no pasa por cuánto aumentan los precios, sino por cuánto se redujo la capacidad de compra de los ingresos. La consecuencia aparece cada vez con más frecuencia en las mesas familiares: menos alimentos, menos variedad y, en muchos casos, menos comidas.
Los datos relevados en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires describen una situación social que excede largamente a los sectores históricamente vulnerables.
El llamado "estrés económico" alcanza al 86% de los hogares consultados, una cifra que refleja la dificultad creciente para cubrir gastos básicos, afrontar deudas y sostener niveles mínimos de consumo.
La novedad más inquietante es que el fenómeno ya no está limitado a trabajadores informales o desocupados. Cada vez más hogares con empleo registrado enfrentan restricciones alimentarias. Tener recibo de sueldo dejó de funcionar como garantía de bienestar.
En muchos casos apenas alcanza para sostener gastos corrientes mientras el crédito y las cuotas se convierten en un puente cada vez más frágil entre ingresos insuficientes y necesidades básicas.
Detrás de esa dinámica aparece uno de los cambios más profundos que atraviesa la economía social del Conurbano: el endeudamiento para comer. Históricamente, las familias recurrían al financiamiento para adquirir bienes durables, mejorar la vivienda o afrontar gastos extraordinarios. Hoy una parte creciente de los créditos, adelantos y préstamos se utilizan para comprar alimentos, medicamentos o cubrir servicios esenciales.
La situación adquiere mayor gravedad cuando se observan los indicadores de inseguridad alimentaria. Más de tres cuartos de los hogares reconocen haber reducido el consumo de productos considerados fundamentales para una dieta equilibrada. Carnes, lácteos, frutas, verduras y legumbres aparecen entre los alimentos que primero desaparecen cuando el dinero deja de alcanzar.
Sin embargo, el dato más preocupante no es la reducción de cantidades sino la supresión de comidas completas. Dos de cada tres familias admiten haber salteado alguna de las comidas diarias durante el último mes por falta de recursos. Ya no se trata de reemplazar alimentos de mayor calidad por otros más económicos. En muchos hogares directamente se reorganizan horarios y porciones para que los alimentos alcancen hasta fin de mes.
Los jubilados constituyen uno de los grupos más golpeados. Entre quienes dependen exclusivamente de haberes previsionales, la combinación de medicamentos, tarifas y alimentos genera una presión cada vez más difícil de sostener. Para miles de adultos mayores la decisión cotidiana ya no pasa por ahorrar o consumir menos, sino por elegir qué necesidad cubrir primero.
Desde una mirada de economía política, el fenómeno tiene raíces más profundas que una coyuntura inflacionaria. La caída del salario real acumulada durante los últimos años, el aumento de los servicios públicos, el encarecimiento del crédito y la desaceleración del empleo conforman un cóctel que erosiona la capacidad de consumo de amplios sectores sociales.
La paradoja es evidente. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, la economía doméstica continúa atravesando una zona de turbulencia. Porque las estadísticas pueden reflejar una desaceleración de precios, pero ninguna familia llena la heladera con índices. Lo hace con ingresos. Y cuando esos ingresos dejan de alcanzar, la primera variable de ajuste termina siendo la mesa.
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