Hay imágenes que explican mejor que cualquier discurso el estado de una relación política. Intendentes del conurbano bonaerense viajando juntos a la Ciudad, un ministerio blindado, una funcionaria ausente y un petitorio que no encuentra destinatario. La escena no es administrativa, es política. Y en el medio, un dato duro que incomoda: millones de chicos que dependen de la asistencia alimentaria en un contexto donde los municipios dicen no poder sostenerla solos.
La jornada arrancó con un gesto de unidad poco habitual. Desde la Federación Argentina de Municipios, jefes comunales de distintos signos políticos caminaron hacia el Ministerio de Capital Humano con un reclamo común. No fueron a negociar cargos ni obras, fueron a pedir fondos para comida. La respuesta fue un operativo de seguridad y una puerta cerrada.
Fernando Espinoza puso los números sobre la mesa sin eufemismos: “Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas, solo coman 4. Nos están debiendo 177 mil millones de pesos para el programa alimentario escolar”. La frase, más allá de su carga política, condensa el conflicto. No es una discusión contable, es una disputa por prioridades.
El reclamo atraviesa al Programa MESA y al Servicio Alimentario Escolar, dos dispositivos clave en la red de contención territorial. Los intendentes sostienen que la falta de actualización de partidas y la interrupción de transferencias están desbordando a los municipios. Más demanda social, menos recursos nacionales. La ecuación es simple y, en ese nivel de urgencia, explosiva.
En paralelo, el oficialismo nacional juega otro partido. Ajuste fiscal,
reasignación de recursos y una lógica que busca cortar intermediaciones. En ese esquema, los municipios dejan de ser socios y pasan a ser un problema a administrar. La ausencia de Sandra Pettovello no es un detalle logístico, es una señal política. No hay interlocución directa en un tema que, por definición, no admite demoras.
La tensión se vuelve más áspera cuando aparecen las comparaciones. “El año pasado le dieron 90 mil millones de pesos a su amigo Marcos Galperín en exenciones fiscales, y hoy estamos pidiendo 80 mil millones para la comida de los chicos”, disparó Espinoza. El mensaje busca correr el eje del debate hacia la distribución del gasto. A quién se beneficia, a quién se ajusta.
Lo que empezó como un reclamo puntual empieza a tomar forma de conflicto estructural. Intendentes radicales, peronistas y vecinalistas firmando el mismo documento no es un dato menor. Es la evidencia de que, cuando el problema baja al territorio, las fronteras partidarias se vuelven más porosas. La política, en su versión más cruda, se ordena por urgencias.
Mientras tanto, en los barrios, la discusión tiene otra velocidad. Los municipios advierten que están absorbiendo con recursos propios una demanda creciente. Comedores que se llenan, escuelas que estiran raciones, equipos sociales que trabajan al límite. La política discute, el territorio ejecuta.
El Gobierno apuesta a sostener su narrativa de orden y eficiencia. Los intendentes exponen una realidad que no entra en ese relato. En el medio, una negociación que todavía no empezó. Porque para negociar primero hay que sentarse. Y en Capital Humano, por ahora, la silla sigue vacía.
Entre otros jefes comunales, participaron de la protesta Espinoza, Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Fabiani (Almirante Brown), Leonardo Boto (Luján), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Cecilio Salazar (San Pedro), Federico de Achával (Pilar) y Ricardo Moccero (Coronel Suárez). Además de Larroque, se acercaron la vicegobernadora Verónica Magario y otros miembros del gabinete provincial, como Carlos Bianco (ministro de Gobierno) y diputados bonaerenses como Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown en uso de licencia). Llevaron una pancarta con la leyenda “Milei, hacete cargo”.
