Un Jurado popular juzgará al policía que lo mató
El frío de los tribunales no alcanza a tapar el eco de lo que pasó aquella noche de julio. Bastián Escalante tenía 10 años y venía de entrenar en el club de barrio cuando una bala le atravesó el cuerpo en la esquina de Caxaraville y Rondeau, en Wilde. La disparó un policía que buscaba defenderse de un robo. Ahora, más de un año después, el caso llega a juicio ante un jurado popular en el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda.
El acusado es Juan Alberto García Tonzo, efectivo de la Bonaerense, que enfrenta cargos por homicidio con dolo eventual. Es decir: la Justicia lo juzga porque, aun sabiendo que podía matar a alguien ajeno al hecho, disparó igual. Los tiros no frenaron a los ladrones, pero terminaron con la vida de un chico que volvía en bicicleta junto a su mamá.
La escena de Wilde
El 10 de julio de 2024, cerca de las ocho de la noche, García Tonzo esperaba a su hijastro en la vereda de la Escuela Técnica N°3. Cuatro adolescentes intentaron robarle la moto. El oficial se identificó, sacó su arma reglamentaria y empezó a disparar. Según la imputación, lo hizo incluso cuando los asaltantes ya huían y sin medir las consecuencias.
En esas mismas cuadras, Bastián volvía del club Barrio La Carne con su mamá. Tenía puesta la ropa deportiva, llevaba la bicicleta como tantas tardes. Justo en esa esquina se cruzó con la balacera. Una de las balas del policía lo alcanzó.
Su mamá, Johana, lo sostuvo mientras se desangraba. “Lo que más recuerdo es tener mi mano en su cuello, tratando de que no se me fuera”, contó entre lágrimas. El nene fue trasladado al Hospital Perón de Avellaneda, operado de urgencia dos veces, pero murió en la madrugada.
Antes de entrar a la sala, sus padres fueron claros: “Pedimos una sentencia justa, porque lo que hizo esta persona es un homicidio. Nos arrebató a nuestro hijo, que tenía solo 10 años”. La frase condensa lo que se juega en este juicio: no solo la responsabilidad penal del agente, también el límite a una forma de intervenir armada en plena vía pública.
Las cámaras de seguridad de la zona muestran a Bastián pedaleando, acompañado por su mamá, segundos antes de cruzarse con los disparos. De acuerdo a la acusación, el policía siguió tirando aun cuando los agresores escapaban. La querella sostiene que debió representarse que con ese obrar podía herir o matar a terceros ajenos al intento de robo.
El juicio y lo que está en juego
El debate oral se desarrolla con jurado popular, una modalidad que acerca la decisión judicial a la comunidad. En la apertura se conforma el panel y se escuchan los alegatos iniciales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Ignacio Colazo (UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2) y la acusación en juicio la encabeza la fiscal Mariela Montero.
La querella —en representación de la familia— pide prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad. El abogado de la madre, Matías Morla, adelantó que intentará demostrarle al jurado que no se trató de un “exceso” en la legítima defensa, sino de una conducta que terminó en la muerte de un inocente.
Del otro lado, la defensa insiste en el contexto del robo y sostiene que el agente reaccionó ante un riesgo. Incluso plantea que los asaltantes huían sin armas, un punto que buscará sostener en la sala. Pero la acusación vuelve sobre el corazón del caso: disparar en plena vía pública, con gente circulando, implica aceptar el riesgo de herir o matar a terceros.
El testimonio de Johana será central: estuvo al lado de su hijo cuando recibió el disparo y declarará durante las jornadas del juicio.
Su relato no es un tecnicismo, es el cuerpo de una madre que estuvo ahí. Para el jurado, oírla será también enfrentar la pregunta que desborda el expediente: ¿cómo se protege a una comunidad cuando el arma que debía cuidar termina matando?
Este proceso no se juzga en abstracto. Ocurre en un territorio donde la desigualdad convive con la rutina de clubes, escuelas y veredas. La discusión excede a un nombre propio: interroga los protocolos de uso de la fuerza, la formación de quienes portan armas y la responsabilidad de no convertir cada esquina en un campo de tiro.
Cuando caiga el martillo final, un veredicto dirá si García Tonzo es culpable. Pero hay otra sentencia que ya circula, silenciosa, entre las familias que salen del club con sus hijos en bici: el derecho a volver a casa sin que la violencia —del delito o del Estado— se lleve una vida más.
Que el juicio por Bastián sirva para algo más que contar días en un calendario judicial: que marque un límite, que ponga en palabras lo que no puede repetirse. En Wilde, en Avellaneda, en cualquier barrio del Conurbano.
