El reportero gráfico de Remedios de Escalada sigue en recuperación tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una marcha de jubilados.
Actualidad 11/08/2025
Pericia clave por el ataque al reportero de Lanús
La Justicia reconstruyó el ataque para determinar la trayectoria del proyectil y la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, mientras crecen las sospechas sobre la cadena de mando y la imparcialidad de la pericia.
Pablo Grillo no estaba manifestándose: estaba trabajando. El 12 de marzo, el fotógrafo y estudiante de Lanús cubría para un medio la marcha en apoyo a los jubilados frente al Congreso Nacional cuando un cartucho de gas lacrimógeno lo golpeó de lleno en la cabeza.
La imagen previa al impacto —recuperada de su cámara— muestra la barricada detrás de la cual se agachaba para encuadrar. Sobre la madera, una muesca: la marca de la granada de gas disparada por el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, apenas una fracción de segundo antes de atravesarle el cráneo.
Desde entonces, Pablo libra dos batallas paralelas: la física, que lo tiene en rehabilitación en el Hospital Rocca y a la espera de una prótesis craneal; y la judicial, que avanza con la lentitud que sólo la impunidad parece garantizar. Cuatro meses después del ataque, no hay detenidos. Guerrero sigue en funciones. Y la causa, a cargo de la jueza federal María Servini, recién ahora da un paso decisivo con una pericia balística.
La reconstrucción del disparo
Ayer Lunes en el Centro Argentino de Seguridad de General Rodríguez, peritos de la Policía de la Ciudad, la querella y la defensa intentaron reproducir el momento del disparo.
El objetivo: definir la trayectoria, la velocidad y el ángulo con el que fue lanzada la granada de gas. Según las imágenes aportadas a la causa, el tiro no fue al aire ni con el ángulo reglamentario de 45 grados, sino horizontal, directo a la multitud.
Ese detalle es clave: el protocolo para el uso de lanzagases está diseñado para dispersar, no para herir. El disparo directo convierte un arma “menos letal” en potencialmente mortal. Así murió el docente neuquino Carlos Fuentealba en 2007; así pudo haber muerto Pablo. La diferencia, en este caso, fue la resistencia de los huesos frontales, que le dieron una oportunidad para sobrevivir.
Pero la intervención de la Policía de la Ciudad en la pericia no pasó inadvertida. La fuerza suele operar en coordinación con Gendarmería en manifestaciones, lo que despierta dudas sobre su imparcialidad. A esto se suma el antecedente del sumario interno de la propia Gendarmería, que calificó el hecho como “fortuito” y responsabilizó a la víctima por ponerse “en la línea de fuego”.
Un intento de homicidio y una cadena de mando
Para la familia y la querella, no se trata de un error ni de un accidente, sino de un intento de homicidio agravado. No sólo por la mecánica del disparo, sino por la responsabilidad compartida de la cadena de mando que actuó ese día. En la mira no está únicamente Guerrero: también sus superiores y, políticamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalada por sostener un esquema represivo que habilita estos ataques.
La jueza Servini, con un historial judicial que mezcla momentos polémicos y fallos valiosos, ordenó el allanamiento a Gendarmería para secuestrar el arma y diez cartuchos idénticos a los utilizados.
Es con esa misma pistola que se realizará una reconstrucción definitiva, aunque aún no hay fecha. El 2 de septiembre, Guerrero deberá declarar como imputado.
Mientras tanto, en Remedios de Escalada, el barrio de Pablo, la solidaridad no se enfría. Amigos, colegas y vecinos organizan festivales y actividades para sostener el reclamo. Reporteros gráficos de todo el país se plantaron frente al Congreso cuando se conoció el sumario interno, recordando que un disparo así no es fortuito: es una decisión.
La recuperación de Pablo avanza. Él recuerda la marcha, el clima de represión, pero no el instante del impacto: “Es como si de golpe hubieran apagado la luz”, contó su padre. Sabe que las secuelas serán permanentes. Sabe también que el juicio, cuando llegue, será una disputa desigual contra una estructura que se protege a sí misma.
La pregunta, en el fondo, no es sólo quién apretó el gatillo. Es por qué un cabo puede disparar a matar en plena ciudad, con cámaras filmando, y seguir trabajando cuatro meses después. Y qué dice eso de un país que se acostumbra a que la justicia tarde tanto en nombrar lo que es evidente. Y a una violencia discursiva que pasa al acto.
Pablo se recupera paulatinamente, mientras un responsable está libre.
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